Son tiempos difíciles para inmigrar en Italia y en toda Europa, la llegada masiva de prófugos, inmigrantes y extranjeros en general que buscan un empleo y una vida nueva de este lado del océano, esta haciendo posible que los gobiernos y la población local se cierren cada vez mas a la aceptación de una situación, que cada día parece estar mas fuera de control.
Distintas son las iniciativas en diferentes lugares de la península contra los inmigrantes, cómplice la crisis y la falta de empleos, la masiva cantidad de desocupados ya presentes en Italia entre locales e inmigrantes y las campañas de terror de algunos políticos anti inmigrantes, sobre todo del norte de Italia.
El nuevo plan de modificaciones en el mundo laboral italiano, denominado «Jobs Act«, que como ya he comentado en otro post sobre las reformas laborales en Italia, ha introducido importantes modificaciones en los contratos de trabajo, como así también en los beneficios sociales para desocupados, con el objetivo según el gobierno, de crear nuevo empleo y mejorar las condiciones de los que ya trabajan en la precariedad, ha también contemplado una serie de sanciones para quienes den trabajo irregular o «en negro».
Sanciones por contratar inmigrantes irregulares en Italia
Además de las sanciones que ya existían, por medio de las leyes de inmigración, que prevén penas para los empleadores de: prisión de seis meses a tres años y multa de 5.000 euro por cada trabajador empleado, incluido aquellos que realizan tareas domesticas.
Ahora se agregan nuevas multas para quienes empleen personas con un contrato irregular, sean italianos o extranjeros con Permiso de Residencia y se agravan aun mas en el caso de que se trate de un inmigrante irregular.
Las sanciones pecuniarias pueden llegar hasta 43.000 euros por cada persona que se haga trabajar sin declarar el contrato.
Está escrito en uno de los últimos decretos de la Ley del Empleo, la reforma laboral aprobada el 4 de septiembre de 2015 por el Consejo de Ministros, que espera ser publicada en el Boletín Oficial.
Las penas, que no afectaran a privados que empleen trabajadores domésticos, serán calculadas en función de la cantidad de personas empleadas y la duración del empleo, como se detalla a continuación:
Sanciones pecuniarias
Entre 1.500 euro a 9.000 euro por cada trabajador ilegal, en el caso de empleo del trabajador hasta 30 días de trabajo efectivo. A partir de 3.000 euro hasta 18.000 euro por cada trabajador ilegal, cuando se utiliza el trabajador 31 días y un máximo de 60 días de trabajo efectivo. Desde 6.000 euro hasta 36.000 euro por cada trabajador ilegal, en el caso de empleo de los trabajadores por mas de 60 días de trabajo efectivo.
Esto se aplica si los trabajadores son italianos o extranjeros con Permiso de Residencia válido. Sin embargo, si son extranjeros sin Permiso de Residencia válido para el trabajo, el decreto dice que las penas se elevarán en un 20%. Esto significa que los 36.000 euro pueden convertirse en 43000 euro por cada trabajador irregular.
El empleador tendrá la posibilidad de pagar solo el mínimo de multa, en el caso que decida regularizar el contrato y establecer un periodo de trabajo mínimo de 3 meses. Solo en el caso de que el trabajador resida legalmente en Italia. En el caso de inmigrantes ilegales o menores de edad, el empleador no podrá valerse de ese beneficio y la multa puede variar entre 10.800, a 21.600 o 43.200 euros.
