Mientras la desocupación en Italia sigue batiendo nuevos récord y aumentando terriblemente, el gobierno ha decidido implementar modificaciones en lo que se refiere a el Permiso de Residencia en Italia o Permesso di Soggiorno, para los inmigrantes que han perdido el propio empleo.
Se extiende el plazo para buscar un nuevo empleo de 6 meses a un año, lo que implica la extensión por igual periodo de la cobertura del Permiso de Residencia o Permesso di Soggiorno en territorio italiano de modo legal.
Como ya he mencionado en post anteriores, el Decreto de Flujo de Inmigrantes en Italia, que antes se publicaba periódicamente a fin de regular la entrada de nuevos extranjeros por motivos de trabajo en Italia, ha sido suspendido a tiempo indeterminado en vista de la grave crisis que atraviesa la península y de la gran masa de personas que han quedado sin empleo y que necesitan ser re colocadas para evitar mayores problemas sociales.
Según los datos oficiales, solo en un mes, se han perdido casi 40 mil puestos de trabajo. La desocupación alcanza el 11% a nivel nacional y el 36% entre las personas jóvenes, con un incremento al 15,2% entre los inmigrantes. En las regiones del centro y sur, el nivel llega al 52% de personas sin trabajo. Estos valores son los mas altos que se registran desde 1999.
En tanto el gobierno y las partes sociales siguen tratando importante modificaciones a las leyes que regulan los contratos de trabajo, a fin de aumentar la flexibilidad y eliminar las trabas existentes para que se pueda tanto asumir con mayor facilidad personal como así también despedirlo, por motivos económicos y de conducta, independientemente del tipo de contrato que establezca la relación laboral y de que el ámbito sea publico o privado.
Novedades de la reforma laboral en Italia
En cuanto a las novedades dispuestas, se destacan los cambios en el contrato de trabajo de duración determinada. Se duplicó de 6 a 12 meses la duración del primer contrato, con la posibilidad de que la compañía de omitir la causa de la finalización del contrato. Los convenios colectivos de trabajo, pueden proporcionar una alternativa a estos 12 meses, en los casos de procesos específicos de la organización de la empresa, como por ejemplo, la puesta en marcha, el lanzamiento de un nuevo producto, la introducción de cambios tecnológicos significativos, la investigación y el desarrollo de proyectos, la ampliación o prorroga de una licitación, en el límite del 6% de los trabajadores empleados en la unidad de producción.
La puesta en marcha de un contrato de trabajo a llamada, se podrá realizar con un mensaje de texto. Se flexibilizan las condiciones para los titulares de Códigos de IVA, considerando aquellas que superen los 18000 euro de ingresos brutos anuales; mientras que para los contratos de colaboración se establece un salario base y a título experimental, durante tres años, se fortalece la indemnización por cese de actividad en caso de pérdida del empleo. Se podrán percibir hasta 6000 euro, si se trabaja entre seis meses y un año.
En relación a los despidos, se realizan cambios en el artículo 18, con la llegada de la conciliación obligatoria para los despidos por razones económicas individuales: ya no sera posible reenviarlos por supuestas o ficticia enfermedad del trabajó. Eventuales reintegros por despido disciplinario, anulados por jueces que lo retengan irrazonable o ilegal, se decidirán sobre la base del tipo de acuerdos colectivos y no por la ley. Se prevé próximos cambios también en términos de los beneficios sociales, con la introducción de la nueva Seguridad Social para el empleo, que a partir de 2017 sustituirá a la prestación por movilidad y las diversas prestaciones de desempleo.
También existirá la posibilidad, con carácter experimental entre 2013 y 2015, de percibir la totalidad de la subvención por desempleo, para iniciar un trabajo por cuenta propia. Para los desempleados, existirá el riesgo de perder el derecho al subsidio si no aceptan una oferta de trabajo, con una retribución superior de al menos el 20%. El premio de productividad se confirma en funcionamiento desde 2012 y se delega al Gobierno la introducción de la coparticipación de los dependientes en las ganancias de la empresa.
Se restaura la gratuidad del ticket de asistencia sanitaria para los desocupados y sus familias; mientras que sera posible la deducción de impuestos a las rentas sobre los alquileres. Entraran en vigor nuevas directivas sobre los programas de formación continua, específicamente acordados entre el Estado y las regiones para llegar a la unificación de la información, a través de la interacción entre las bases de datos centrales y locales existentes.
Via: Repubblica
