El «Permesso di Soggiorno in Italia» o Permiso de Residencia en Italia es el documento necesario e indispensable para poder permanecer en territorio italiano sin problemas. Esto claramente, en el caso de no tener la posibilidad de acceder a la Ciudadanía Italiana.
Desde hace ya varios días, una gran cantidad de inmigrantes esta llevando adelante una protesta a fin de obtener la renovación de este permiso, sin el cual la vida se hace muy difícil, ya que resulta imposible renovar contratos de trabajo o de alquiler, solo para dar una idea.
El motivo de la protesta, se debe a los tiempos que la burocracia ha alargado en modo desproporcionado para la entrega de estos certificados. Al momento se estima que al menos un millón de Permisos de Residencia en Italia se encuentren bloqueados desde hace meses, en algunos casos hasta un año y medio, cuando deberían ser no mas de 20 días.
Con la introducción del delito de «Inmigración Clandestina«, la falta de un Permiso de Residencia ha llevado a muchos extranjeros a situaciones verdaderamente desesperantes y a entrar en el juego de la criminalidad organizada, que siempre saca provecho de estas dificultades.
Por este motivo, se esta estudiando un diseño de ley, que prevé entre otras cosas que los extranjeros que se encuentren en situación de «clandestinos» y trabajando en «negro», puedan auto denunciar su situación y de este modo podrán obtener un Permiso de Residencia temporal, dando así la posibilidad no solo de encontrar un nuevo empleo regular, sino también hacer emerger este tipo de situaciones en el ámbito laboral.
Un inmigrante que reside habitualmente en Italia espera en promedio 289 días o casi diez meses, para la renovación de su Permiso de Residencia. El Ministerio del Interior italiano estima que el tiempo de espera estimado es de 291 días: una cantidad de tiempo enorme si tenemos en cuenta que el Texto Único de la inmigración impone un límite de 20 días para la emisión, renovación o conversión» del Permesso di Soggiorno.
El proceso de renovación se materializa en un proceso burocrático: comienza en el mostrador de la oficina de correos, donde el inmigrante entregar el kit completo con los documentos necesarios, cuyo coste total es de 72,12 euro. De ahí que la solicitud pasa a los servicios administrativos centrales de la oficina de correos y luego al Centro de elaboración nacional en Nápoles, para la publicación del archivo electrónico en los sistemas disponibles para la jefatura de policía. Una vez que pase los controles, el documento pasa por el instituto de Imprenta del Estado para la impresión en formato electrónico del Permiso de Residencia.
El inmigrante ilegal que trabaja en en negro y se auto denuncia, puede obtener un permiso de residencia temporal en busca de trabajo. Después de este período, se puede proceder con la expulsión. Según lo previsto en el artículo 48 del diseño de ley comunitaria en examen por el Senado italiano. En el texto aprobado por la Comisión de Políticas de la Unión Europea del Senado se prevé una delegación en el Gobierno para la aplicación de la Directiva 2009/52 / CE, sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores que contratan a extranjeros no comunitarios de modo ilegal.
Entre las disposiciones de la delegación artículo también prevé la no aplicación de sanciones a los empleadores que se auto denuncien y estén dispuestos a estabilizar los trabajadores y a pagarle los salarios y las contribuciones de seguridad social atrasadas. También se ha planificado la introducción de nuevas sanciones disuasorias que puedan garantizar el blanqueo más amplio posible del trabajo no declarado, la recuperación de los impuestos que se han evadido y la protección del trabajador explotado.
Entre las previsiones también se incluyen los mecanismos que aseguren la efectiva percepción de los salarios pendientes de pago a los trabajadores extranjeros empleados ilegalmente, como así también el pago de todos los impuestos y contribuciones a la seguridad social que el empleador debería haber abonado en caso de un contrato de empleo legal, incluyendo mora y sanciones administrativas.
Los decretos de aplicación también tendrán que hacer frente al fenómeno de la intermediación laboral abusiva con el objetivo de contrarrestar la contratación ilegal. También se prevé la posible extensión de las normas contra el empleo ilegal de trabajadores extra UE, como también el trabajo clandestino nacional si las normas resultan más favorable a la parte más débil del contrato.
Via: Il Sole 24 Ore
